Querella contra Garzon
El Supremo admite a trámite una querella contra Garzón por prevaricación
El sindicato Manos Limpias acusó al juez en enero de iniciar la investigación y exhumación de las fosas del franquismo sin tener competencia para ello
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto por el que admite a trámite una querella interpuesta el 26 de enero por el sindicato Manos Limpias contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en la que se le acusa indiciariamente de un delito de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son) en relación con la causa abierta por este magistrado por las desapariciones tras la guerra civil española.
La decisión fue adoptada por unanimidad de los cinco magistrados que componen la Sala y en contra del criterio de la Fiscalía.
Fuentes del sindicato, que señalaron que en su querella también solicitaban en caso de que su iniciativa fuera admitida a trámite, como así ha ocurrido, que el Consejo General del Poder Judicial suspenda cautelarmente de sus funciones al juez mientras termina de instruirse el procedimiento.
El presidente de Manos Limpias, Miguel Bernard, explicó que la querella se interpuso por considerar que Garzón incurrió en prevaricación al iniciar un procedimiento para la investigación y exhumación de las fosas del franquismo sin tener competencia para ello y en contra del criterio de la propia fiscalía de la Audiencia Nacional.
Tras conocer la apertura del proceso judicial, Garzón aseguró estar tranquilo y afirmó que "la ley es igual para todos" y que se defenderá de la acusación "en su momento". "No tengo conciencia de haber cometido delito alguno", dijo. El juez, que abandonó la Audiencia pasada la una de la tarde, conoció la noticia por los medios de comunicación.
Mejor le han ido las cosas a Garzón en relación con la querella interpuesta contra él por cobrar de una universidad durante su licencia de estudios en EE.UU., que el Supremo ha archivado de forma definitiva.
El PP no ha tardado en dar su opinión sobre la admisión a trámite de la querella contra el magistrado. Para la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, la decisión del Supremo demuestra que "nadie puede utilizar a su antojo el Estado de Derecho".
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